CONTRA LA IMPUNIDAD

CARTA ABIERTA DE LA COMISIÓN PROVINCIAL POR LA MEMORIA AL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, INGENIERO FELIPE SOLÁ

No podemos disimular, Sr. Gobernador nuestra inevitable carga de indignación ante la muerte de varias decenas de ciudadanos privados de su libertad cuya custodia era responsabilidad del estado provincial.

Exigimos, Sr. Gobernador, la formación de una Comisión investigadora independiente para esclarecer la tragedia.

Es imperioso que el estado responda cómo sucedieron los hechos, por qué la guardia se replegó dejando a las víctimas encerradas y libradas a su suerte o a la solidaridad de otros internos. Si ellos pudieron actuar, en alguna medida, para evitar un daño mayor, uno se pregunta, señor gobernador, cuánto se podría haber evitado si la fuerza del estado se ponía al servicio de la salvación de las vidas.

Señor Gobernador, sabemos que no se trató de un motín, que no hubo enfrentamiento entre reclusos, que no se encontraron armas, no hubo copamiento, no existió una cárcel tomada.
Estas decenas de muertos cayeron en una trampa mortal que forma parte de un sistema perverso largamente denunciado por esta comisión.

Queremos que nos respondan por qué no se hicieron lugar a las reiteradas advertencias, a través de escritos, documentos, expresiones verbales en numerosas entrevistas que mantuvimos con usted, acerca del estado de abandono de las personas alojadas en las cárceles bonaerenses.
En ese sentido, tras una inspección realizada el jueves pasado en la Unidad de Magdalena, la Comisión presentó un habeas corpus ante la justicia provincial que daba cuenta del denigrante estado de reclusión de los detenidos.

Sr. Gobernador ¿Cómo responderá el Estado que Ud. encabeza frente a este cuadro de muerte colectiva? ¿Quién se hará responsable de tanta muerte que figuraba en una crónica anunciada?

Esta Comisión seguirá reclamando ante el gobierno provincial para terminar con estos verdaderos campos de exterminio. Y llevará su reclamo a los poderes federales y los organismos internacionales.

Hoy la muerte colectiva enluta, acongoja y trasmite dolor a cualquier ser humano con sensibilidad.

Los muertos de Magdalena, como los que sistemáticamente dejan sus vidas entre los muros carcelarios, son mayoritariamente pobres, marginados, quienes han sido desposeídos de la esperanza de vivir dignamente mientras se encuentran bajo proceso penal o condenados por algún delito.

La realidad indica que el hacinamiento es la regla en estas cárceles superpobladas, y la violencia ilegal de los custodios del estado se aplica como regla, sobre el cuerpo y el alma de los miles de hombres y mujeres privados de su libertad.

Las muertes no son un hecho novedoso. Muchísimas personas van sumándose en las hojas del almanaque como nombres desconocidos que caen apuñalados, ahorcados, quemados asfixiados y enfermos como consecuencia de males contraídos en cautiverio. Esas muertes silenciosas se van repitiendo y hoy adquieren una dimensión diferente por el número.

Como antes en otros lugares de encierro, como es el caso reciente de la Unidad 33 de mujeres de La Plata, se advierte que no ha mediado plan de contingencia para afrontar la crisis, que no se abrieron las puertas de las celdas para evitar las muertes y la asfixia fue una consecuencia directa de ello produciendo muertes ya como efecto buscado o al menos tolerado como posibilidad cierta.

Advertíamos la posibilidad de terribles consecuencias en el documento de octubre de 2004 donde informamos sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Frente a este cuadro cruel padecido por nuestros semejantes, debido a la acción y omisión de las autoridades del estado provincial, dijimos en un documento de Abril de este año que “la cantidad de muertos en las cárceles bonaerenses resulta alarmante y puede considerarse el resultado de una verdadera política de exterminio”.

Eso dijo la Comisión Provincial por la Memoria, y también agregó: “cuando el estado se ausenta de la efectiva conducción de un área de su exclusiva incumbencia como los son las cárceles, es responsable – por acción u omisión – de todos los delitos que comete el personal a su cargo. Incluso si el funcionario de gobierno con facultades y capacidad de decisión, se representa la posibilidad de que un hecho criminal pueda ocurrir , menos precia el resultado y no se ocupa para impedirlo o evitarlo, puede ser imputable del crimen ocurrido a titulo de dolo eventual”.


Sr. Gobernador,
Reclamamos un acto de sinceramiento posibilitando los medios para conocer al detalle qué pasó, cómo fueron los hechos, y terminar con la máscara de encubrimiento que tanto daño produce a las víctimas, sus familiares, la sociedad y que en definitiva obstaculiza la construcción democrática.

Exigimos una investigación objetiva e imparcial, a cargo de personas independientes de cualquier autoridad política.

Sepa Ud. habilitar este camino. Siempre la Verdad es sanadora, y la justicia solo es posible si primero se recorre el camino de aquella.

Este drama colectivo no admite impunidad y ella se evita no solo con la investigación judicial, sino con la delimitación de responsabilidades en la faz administrativa.

La Argentina es signataria de tratados internacionales que debe honrar y con estos hechos se la compromete severamente. El gobierno federal es el garante de esos tratados y debe comprometerse también en la solución de esta verdadera vergüenza nacional.

Finalmente, nuestra Comisión señala que la cuestión no puede quedar empañada dentro de un contexto de competencia electoral. Las cuestiones en debate deben formar parte ineludible de la agenda de una política de estado.